El Gobierno de la República del Paraguay rechaza enérgicamente lo expresado ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la red social Twitter, por no ajustarse a la verdad, sobre el supuesto alto índice de incidencia del COVID-19 en los albergues de cuarentena obligatoria para quienes retornan al país.
Al 28 de mayo del corriente, el resultado de los protocolos sanitarios implementados arroja 900 casos confirmados de COVID-19, 8 hospitalizados, 1 de ellos en UTI (proveniente del exterior), 402 recuperados y, lastimosamente, 11 fallecidos en todo el país.
Paraguay priorizó el derecho a la vida y hasta ahora contuvo exitosamente la circulación interna del virus y con un Ritmo Reproductivo Básico (R0) que es de 0,59, uno de los más bajos del continente.
En el afán de proteger el derecho a la salud de todos los habitantes del Paraguay, los albergues cumplen la misión clave de evitar la propagación del virus en el país ya que la mayoría de los casos provienen de contagios ocurridos en el exterior.
En cuanto a los protocolos seguidos en los albergues de cuarentena obligatoria, las muestras son tomadas al segundo día de ingreso a los mismos, con lo cual se comprueban los casos positivos que vienen del exterior, para luego trasladarlos a sitios donde no pongan en riesgo la salud de las personas sanas. Todos los albergues cuentan con las condiciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria.
La cifra de 72,7% de “alto grado de incidencia” del COVID-19, mencionada por la CIDH en la publicación de ayer, no es correcta ya que de conformidad a los datos oficiales cuyo corte es al 25 de mayo, existen 605 casos positivos en relación a 3.527 personas que han pasado por albergues temporales.
Esto arroja una cifra del 17,1% de incidencia en la población en albergues, lo cual difiere enormemente de la cifra mal señalada por la CIDH.
El Gobierno paraguayo manifiesta su preocupación por la desinformación causada por la CIDH sin tener en cuenta las fuentes oficiales. Esto, además, reaviva la discusión que se está dando a nivel mundial respecto al derecho al acceso a información fidedigna y veraz de la población en general, sobre todo en el contexto actual de la pandemia, en el que lastimosamente abundan noticias falsas.
Asunción, 28 de mayo de 2020
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