El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, ratificó la postura de Paraguay de rechazar el pago de peaje impuesto por la Argentina para el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay- Paraná, violando tratados internacionales.
La postura gubernamental, que es apoyada por el sector fluvial afectado por las medidas, fue expresada durante la reunión, llevada a cabo en sede de la Cancillería Nacional, entre los representantes de la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay - Paraná y del sector privado, quienes están sumamente interesados en la resolución de esta situación que impacta directamente sobre el sector.
“Los cuatro países, además de Argentina que formamos parte de la hidrovía Paraguay – Paraná, planteamos un reclamo justo que debe ser considerado y, sin embargo, no logramos la respuesta positiva por parte de la Argentina para entender sobre esta situación”, explicó el canciller.
Anunció que serán arbitrados todos los medios legales necesarios para poder resolver de la manera más inmediata posible esta situación. Agradeció el apoyo del sector privado para llevar adelante el tema, en forma conjunta, ordenada y coordinada del Gobierno Nacional y el sector privado.
Intervención oportuna
La ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, quien integra este equipo, reafirmó la importancia indiscutible de la relevancia del tema de hidrovía, considerado un bien estratégico por el Gobierno Nacional y, por lo tanto, “estamos decididos a intervenir de manera efectiva para defender los intereses de nuestro país”, expresó.
Manifestó que apoyará todas las decisiones adoptadas por la Cancillería, sobre todo en materia de capacidad técnica para las evaluaciones de lo que plantee el gobierno argentino, sin dejar de lado las intervenciones referentes al dragado del río y el posicionamiento que adopte el Gobierno con relación a todos los temas relacionados con la hidrovía.
Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres, suscribió la postura de la Cancillería Nacional y realizó una referencia histórica importante sobre el Acuerdo de Santacruz (1992), la imposición unilateral de tasas sobre servicios no prestado y, ante la cual, la Cancillería Nacional ha logrado la adhesión de los demás países integrantes de la hidrovía Paraguay – Paraná, que permite actualmente tener una postura común frente a este abuso, a su juicio, según dijo.
Sin embargo, apeló a la buena voluntad de las autoridades argentinas y respaldado en los estudios técnicos, conseguir las consideraciones justas al respecto.
Armadores celebran postura institucional del gobierno
Por su parte, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Raúl Valdez, se refirió a la gravedad de la situación que están atravesando en materia operacional, dificultando el tránsito de mercaderías a través de la hidrovía.
“Acudimos al llamado de la Cancillería en esta instancia, lo cual consideramos sumamente positivo en el orden de las prioridades del nuevo gobierno”, expresó. Explicó que las evaluaciones técnicas han concluido y Argentina no ha podido demostrar, en nueve meses, las justificaciones para el cobro de una tasa; por lo que consideramos que esto no ha sido un peaje sino más bien un impuesto al paso de nuestros productos y embarcaciones por aguas jurisdiccionales de la argentina.
Expresó su satisfacción ante las señales del Gobierno, que instala en un nivel apropiado esta problemática y reiteró la postura de su gremio, así como la disposición de informaciones de carácter técnico para refutar cualquier postura que platee el gobierno argentino.
Afirmó que seguirán apoyando al Gobierno, que ha puesto en el más alto nivel político en tratamiento de este tema, sin agotar la vía del diálogo sobre lo que considera un escenario delicado, por la falta de flexibilidad de la Argentina ante el reclamo de un justo derecho del Paraguay.
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