Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay, en relación con el proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela y a las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio, hemos seguido con preocupación el hostigamiento y persecución contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana, así como contra miembros de la sociedad civil, incluyendo la detención arbitraria de numerosas figuras relacionadas con la oposición, todo lo cual atenta contra la realización de un proceso electoral legítimo.
En este sentido, exigimos el inmediato cese del hostigamiento, persecución y represión contra activistas políticos y sociales de la oposición, así como la liberación de todos los presos políticos. De igual forma, exigimos al gobierno de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el Derecho Internacional, en particular en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora asilados en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas.
Sin perjuicio de estas circunstancias de gran adversidad y preocupación internacional, observamos con esperanza el civismo, entusiasmo y patriotismo de gran parte de la sociedad venezolana, que se prepara para acudir a las urnas con encomiable dignidad y espíritu democrático.
Las próximas elecciones en Venezuela representan una oportunidad para traer paz, unidad, progreso y democracia al país. Esto solo será posible si las autoridades venezolanas cumplen estrictamente los compromisos adquiridos con la oposición en los Acuerdos de Barbados, y se respetan los principios democráticos, así como los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos.
Exhortamos a que el resultado de la elección sea el fiel reflejo de la soberanía popular venezolana y ello solo se podrá alcanzar a través de un absoluto respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, garantizando la transparencia del proceso electoral y la libre expresión ciudadana a través del voto.
Los países signatarios enfatizamos que, en una democracia, la soberanía reside en la ciudadanía, por lo que la voluntad del pueblo debe poder expresarse sin intimidación y obstáculos. Por lo anterior, el resultado de la elección venezolana, para su legitimidad, debe ser el reflejo transparente de la voluntad popular expresada libremente en las urnas.
Asunción, 19 de julio de 2024
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