Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Migraciones abordaron hoy, vía videoconferencia, aspectos relacionados con la trata y explotación sexual de menores de edad que salieron a luz con la crisis sanitaria global.
La reunión fue convocada por la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, para tratar el proceso migratorio de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Por el MRE participaron el canciller Antonio Rivas Palacios, el embajador José Antonio Dos Santos, viceministro de Relaciones Exteriores; el embajador Enrique Insfrán, viceministro de Administración y Asuntos Técnicos; el embajador Marcelo Scappini, director de la Unidad General de Derechos Humanos; y el ministro Juan Ignacio Livieres, director general de Asuntos Consulares.
También tomaron parte de la videoconferencia Lorena Segovia, defensora general; Patricia Rivarola, fiscala general adjunta; y María de los Ángeles Arriola, directora general de Migraciones.
El objetivo fue articular acciones para la protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, considerando que en el marco de las medidas sanitarias muchos menores retornan al país sin acompañamiento, descubriéndose una situación que deja visos migratorios, fomentando la trata, explotación sexual y laboral.
La ministra Teresa Martínez dijo que la pandemia permitió detectar ciertas situaciones de fragilidad del sistema. “Éstas situaciones ya requerían una reunión interinstitucional para tratar de manera conjunta estos casos, y con la pandemia esto se ha acentuado, porque estamos detectando que varios de los adolescentes no acompañados vienen de un proceso de explotación”, indicó.
Por su parte, el canciller Antonio Rivas señaló que hay casos que escaparon de los protocolos establecidos y que generaron situaciones irregulares. “El hecho de que niñas se trasladen para ser explotadas laboralmente y, en algunos casos, para ser explotadas sexualmente, nos preocupa sobremanera. Llama la atención que no existan denuncias de sus propios padres”, acotó.
Estuvo de acuerdo con hacer un seguimiento estricto de los casos y establecer un sistema de trabajo interinstitucional. “Desde la Cancillería pondremos todo nuestro esfuerzo en articular las mismas acciones con los pares del exterior”.
Patricia Rivarola, fiscala general adjunta, hizo hincapié en los procesos y protocolos que deben cambiarse en los procedimientos de las instituciones intervinientes. Agregó que las primeras medidas que se deben tomar es la repatriación de estos niños y en la actual coyuntura otorgar albergues diferenciados, sobre todo porque los procesos son más delicados”.
La directora general de Migraciones, Ángeles Arriola, expresó la idea de actualizar los documentos de permiso del menor y adicionar unos cuadros que permitan un mejor control del viaje, retorno y tiempo que niñas y niños se encuentren en el exterior.
Lorena Segovia, defensora general, sostuvo que la ruta de intervención debe ser una sola y liderada por el Ministerio de la Niñez, a fin de acelerar los procesos y unificar criterios de intervención, para no perder los documentos.
Asunción, 11 de mayo de 2020
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